Tortugas marinas en el menú: la contradicción ambiental del régimen Ortega-Murillo
La venta de platillos elaborados con aletas de tortuga marina en un festival promovido por INTUR e INPESCA expone una contradicción entre el discurso oficial de conservación ambiental y las prácticas que se desarrollan bajo el patrocinio de instituciones públicas. El caso también abre interrogantes sobre la fiscalización de las vedas, la responsabilidad del Estado y el uso de la identidad cultural de los pueblos del Caribe nicaragüense.
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Renacer Centroamérica
11/12/20266 min leer
El Festival de Arte y Cultura Caribeña, celebrado los días 7 y 8 de noviembre de 2026 en la Plaza Juan José Quezada, en León, pretendía proyectar la riqueza cultural de la Costa Caribe nicaragüense. La actividad, organizada por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), reunió expresiones gastronómicas, bailes y manifestaciones culturales de las comunidades caribeñas.
Sin embargo, entre los platillos ofrecidos apareció uno que transforma una celebración cultural en un asunto de interés público: el rondón elaborado con aletas de tortuga marina.
La información publicada por el diario digital Confidencial el 12 de noviembre señala que asistentes al festival compartieron fotografías de estos alimentos, mientras que las imágenes difundidas por INTUR sobre la actividad no mostraron ese platillo.
El problema no es gastronómico ni puede reducirse a una discusión sobre las tradiciones alimentarias de la Costa Caribe. El asunto central es institucional: ¿cómo puede una actividad organizada por instituciones estatales ofrecer productos derivados de especies protegidas por la legislación nacional?
La pregunta adquiere mayor relevancia porque INPESCA no es una institución ajena a la regulación de los recursos pesqueros. Tiene responsabilidades relacionadas con la administración y vigilancia de las actividades de pesca. Su participación en un evento donde se ofrecen productos derivados de especies protegidas exige, como mínimo, una explicación pública sobre los mecanismos de supervisión aplicados. Explicaciones que difícilmente llegarán de unas instituciones sometidas a una estructura de poder que ha reducido los espacios de transparencia y rendición de cuentas.
Las preguntas siguen sin respuesta, porque en los mandos intermedios de estas instituciones se conocen las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional y las restricciones que estas establecen. Por eso, las interrogantes son perfectamente válidas: ¿quién autorizó la oferta gastronómica?, ¿qué controles se realizaron?, ¿se verificó el origen de los productos y existió alguna actuación institucional ante una posible infracción?
No se trata de atribuir automáticamente responsabilidades penales a los organizadores o a quienes participaron en la actividad, sino de determinar qué controles se aplicaron y quién debe responder por las decisiones administrativas.
Una prohibición que lleva más de dos décadas
La legislación ambiental nicaragüense establece restricciones sobre la explotación de cinco especies de tortugas marinas: caguama, verde, tora, carey y paslama.
Desde octubre de 2005, antes del regreso de Daniel Ortega al poder en enero de 2007, existe una veda indefinida que prohíbe la caza, pesca, captura, recolección, consumo, uso, transporte y comercialización de estas especies.
La regulación contempla una excepción específica para el aprovechamiento de la tortuga verde con fines de subsistencia en determinadas comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, bajo condiciones y disposiciones particulares. Esta excepción no constituye una autorización general para comercializar carne de tortuga en cualquier territorio del país.
La diferencia es fundamental: proteger los derechos históricos de los pueblos indígenas y afrodescendientes no significa permitir el comercio indiscriminado de especies amenazadas.
En este sentido, el festival celebrado en León plantea una cuestión que las instituciones organizadoras deberían aclarar: ¿cuál era el origen de las aletas ofrecidas y bajo qué fundamento legal se permitió su incorporación a la oferta gastronómica?
La existencia de una excepción cultural y de subsistencia no puede convertirse en una cobertura para actividades comerciales que excedan sus límites territoriales y normativos.
El episodio de León tampoco aparece en un escenario de cumplimiento efectivo de la legislación ambiental.
En marzo de 2026, una investigación del medio digital Divergentes documentó la comercialización abierta de huevos de tortuga paslama y langosta en los mercados Israel Lewites e Iván Montenegro, en Managua.
La publicación recogió testimonios de comerciantes y señaló que la docena de huevos de tortuga se ofrecía por más de 300 córdobas. También documentó que autoridades municipales habían recorrido mercados para promover el consumo de productos del mar durante la temporada, sin que en esas visitas se cuestionara públicamente la venta de especies sometidas a restricciones.
Estos antecedentes permiten identificar un problema que va más allá de un festival: la distancia entre la existencia de normas ambientales y su aplicación efectiva.
Una veda que no se fiscaliza pierde capacidad de disuasión. Cuando los productos de especies protegidas aparecen en mercados y establecimientos gastronómicos, la discusión deja de ser exclusivamente sobre la conducta de determinados comerciantes. También involucra la capacidad del Estado para vigilar las cadenas de extracción, transporte, distribución y consumo.
Un informe técnico de la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), publicado en 2019 y dedicado al comercio legal e ilegal de tortugas marinas, incluyó una evaluación específica de Nicaragua.
El documento identificó la persistencia de la extracción y comercialización de tortugas y sus huevos, tanto en la Costa Caribe como en el Pacífico.
Entre sus hallazgos señaló que, aunque existe un reconocimiento de derechos de aprovechamiento de subsistencia para determinadas comunidades de la Costa Caribe, la comercialización fuera de los ámbitos autorizados está prohibida. También documentó que parte de la carne procedente del Caribe llegaba a establecimientos de alimentación en zonas del Pacífico.
El informe identificó, además, la comercialización de huevos en departamentos como Chinandega, León y Rivas, así como el uso de productos derivados de tortugas marinas en diferentes actividades económicas.
Uno de los aspectos más relevantes de esta evaluación es que advierte sobre las consecuencias que la explotación local puede tener en poblaciones de tortugas que se desplazan entre diferentes países del Caribe. Las poblaciones marinas no reconocen fronteras administrativas: la extracción en aguas o costas nicaragüenses puede afectar procesos ecológicos que involucran a otros territorios.
La dimensión del problema, por tanto, trasciende las fronteras nacionales. La protección de estas especies constituye también una responsabilidad regional e internacional.
Cultura, derechos colectivos y protección ambiental
La gastronomía, las prácticas de subsistencia y los conocimientos tradicionales forman parte de una identidad cultural que merece reconocimiento y protección. Cualquier política ambiental que ignore esa realidad corre el riesgo de reproducir exclusiones y desconocer derechos colectivos.
Pero reconocer la diversidad cultural tampoco significa utilizarla como argumento para justificar cualquier actividad comercial. La protección de las tortugas marinas y el respeto a los derechos culturales de las comunidades no son objetivos incompatibles. La legislación contempla mecanismos diferenciados para atender determinados derechos de subsistencia, al mismo tiempo que establece restricciones a la explotación comercial.
El problema aparece cuando las instituciones utilizan el atractivo de la gastronomía tradicional para promocionar actividades sin explicar el origen legal de los productos ofrecidos. La cultura no debería convertirse en una etiqueta que legitime prácticas contrarias a la protección de la biodiversidad. Tampoco debería responsabilizarse colectivamente a las comunidades caribeñas por decisiones de organización, autorización y supervisión que corresponden a los funcionarios del régimen.
Lo sucedido en el Festival de Arte y Cultura Caribeña realizado en León, obliga a plantear preguntas que no deberían quedar sin respuesta.
¿Quién suministró las aletas de tortuga? ¿Qué especie fue utilizada? ¿Existía documentación que acreditara su procedencia? ¿Quién autorizó su incorporación a la oferta gastronómica? ¿Qué mecanismos de fiscalización aplicaron INTUR e INPESCA? ¿Intervino MARENA para determinar si existió una infracción a la legislación ambiental?
Son preguntas necesarias para establecer responsabilidades y evitar conclusiones que todavía requieren comprobación documental.
Sin embargo, existe una cuestión más profunda: la conservación ambiental no puede depender exclusivamente de campañas institucionales ni de mensajes propagandísticos. Necesita coherencia entre las normas, las decisiones administrativas y las prácticas que las instituciones promueven o permiten.
Cuando organismos públicos anuncian la protección de una especie y, al mismo tiempo, participan en actividades donde se ofrecen productos derivados de ella, el problema deja de ser únicamente ambiental. Se convierte en una cuestión de responsabilidad pública, transparencia y credibilidad institucional.
Las tortugas marinas no son un recurso gastronómico disponible para alimentar la promoción turística. Son parte de un patrimonio natural cuya conservación compromete al Estado y a la sociedad.
*Este artículo ha sido construido desde un análisis colectivo.