Renacer Centroamérica

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador se dirige a la comunidad nacional e internacional para expresar lo siguiente:

La tortura constituye uno de los crímenes más graves que puede cometer un Estado. Es todo acto mediante el cual se inflige intencionalmente dolor o sufrimiento físico o psicológico a una persona con el objetivo de obtener información o una confesión, castigarla por un acto cometido o sospechoso de haber cometido, intimidarla o coaccionarla, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación. Estos actos, cuando son realizados por funcionarios públicos o personas que actúan en ejercicio de funciones oficiales, son crímenes que deben ser perseguidos y sancionados conforme al derecho internacional.

El Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura se conmemora cada 26 de junio, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar totalmente la tortura y garantizar la implementación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987. Esta conmemoración busca generar conciencia sobre los derechos de las víctimas y promover acciones concretas para prevenir y combatir la tortura.

La Convención también dio origen al Comité contra la Tortura, encargado de supervisar su cumplimiento por parte de los Estados Parte. El último informe con observaciones finales sobre El Salvador fue presentado el 19 de diciembre de 2022. En él, el Comité formuló diversas recomendaciones, particularmente sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas bajo el régimen de excepción vigente:

1. En relación con el régimen de excepción:

• Adoptar medidas eficaces para prevenir detenciones arbitrarias sin orden judicial y garantizar el acceso inmediato a salvaguardias fundamentales desde el inicio de la privación de libertad, como el derecho a ser informado de los motivos de la detención, a notificar a un familiar o tercero, a contar con asistencia legal sin demora y, en caso necesario, gratuita y de calidad.
• Abolir las disposiciones que permiten la detención administrativa por hasta 15 días e implementar un plazo máximo de 48 horas.
• Asegurar la pronta resolución de recursos de hábeas corpus.
• Registrar sistemáticamente las detenciones en los lugares de privación de libertad y en un registro central accesible a abogados y familiares.
• Sancionar a los agentes que incumplan estas garantías.

2. En relación con el conflicto armado (1980–1992):

• Redoblar esfuerzos para investigar eficaz e imparcialmente las violaciones graves de derechos humanos, incluidas la tortura y las desapariciones forzadas, y procesar a los responsables.
• Garantizar la cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones, así como el acceso a archivos y recintos militares relevantes.
• Promulgar una ley integral de justicia transicional conforme a estándares internacionales, que excluya amnistías, inmunidades y prescripciones para violaciones graves, y que garantice la participación de las víctimas y organizaciones especializadas.
• Considerar la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
• Fortalecer el funcionamiento de las comisiones nacionales de búsqueda, dotándolas de recursos adecuados y asegurando el seguimiento de sus recomendaciones, incluyendo la reparación integral a las víctimas y apoyo psicosocial a quienes prestan testimonio.

Adicionalmente, el Comité recomendó la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que permitiría la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, herramienta esencial para la supervisión y prevención en centros de detención.

Frente a estas recomendaciones, es evidente que el Estado salvadoreño no ha realizado esfuerzos significativos para cumplir sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. A más de 50 años de ocurridas las graves violaciones del conflicto armado, la impunidad continúa siendo la norma, y las víctimas siguen siendo ignoradas de forma sistemática por los sucesivos gobiernos, incluyendo los que asumieron el poder tras los Acuerdos de Paz.

La falta de voluntad para romper con la impunidad cíclica demuestra que esta se encuentra profundamente enquistada en las estructuras del poder. La memoria, la verdad, la justicia y la reparación siguen siendo una deuda pendiente del Estado salvadoreño con las víctimas de ayer y de hoy.