La aprobación exprés, el 6 de agosto de 2025, de la reforma constitucional que establece la Procuraduría General de Justicia —fusión autoritaria de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público— marca un nuevo capítulo en la continuación del desmantelamiento institucional en Nicaragua.
Este nuevo ente no solo usurpa funciones cruciales del Ministerio Público —representación de las víctimas y acusación penal— sino que también se encarga de la defensa de los intereses del Estado, es decir, del régimen Ortega-. Como lo advierte el abogado Juan Diego Barberena, en una entrevista a 100 % noticias se trata de un retroceso de 25 años: “Volvemos a un sistema donde no hay Fiscalía independiente”
Más allá de la eliminación de la separación de poder judicial, la reforma desnuda la lógica de una justicia particularizada: una institución creada “para ellos mismos”, donde la lucha contra la corrupción se convierte en un eslogan vacío mientras se equipara la disidencia con el delito. Como lo resume la abogada Azhálea Solís, “una nueva institución… para perseguir a los opositores y colgarles la etiqueta de que son corruptos”
Este movimiento, lejos de fortalecer el Estado, acelera su desmoronamiento moral e institucional. En febrero de 2025, la Constitución ya había sido reformada para instaurar un sistema copresidencial (Ortega y Murillo), extender el mandato presidencial, y darle control sobre otros poderes del Estado. La ONU interpretó esas reformas como un “golpe final” al Estado de derecho en Nicaragua.
Ahora bien, la creación de la Procuraduría General de Justicia no es un acto aislado, sino que se inserta en una escalada institucional: despojaron de la nacionalidad a disidentes con otra ciudadanía y expulsaron al país de organismos como la UNESCO y la ACNUR, dando la espalda a la fiscalización internacional.
Este régimen no necesita muros físicos: ha construido un sistema donde la justicia es un engranaje del aparato represor. No hay crimen mayor que la disidencia, y no hay justicia posible en un país donde el instrumento de acusación está en manos del victimario.
La reforma constitucional que crea la Procuraduría General de Justicia es la consolidación de una justicia sometida al poder absoluto. La corrupción más grave ya no está en el erario: está en el abuso institucional, en la impunidad de una pareja gobernante que convierte la justicia en un arma contra su propio pueblo. El periodismo no puede callar: este es un grito urgente por la democracia que Nicaragua necesita recuperar.
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