Por la tarde del 12 de mayo, la carretera que conduce al Puerto de La Libertad se transformó en un improvisado campamento de lucha. Bajo un cielo nublado y frente a la imponente residencia presidencial, más de 300 personas —entre ellas mujeres, ancianos y niños— exigían lo que consideran un derecho adquirido: la permanencia en sus tierras, las mismas que han cultivado por casi cuatro décadas.
Los manifestantes eran miembros de la cooperativa El Bosque, una comunidad campesina que desde 1985 habita legalmente terrenos del cantón El Triunfo, en Santa Tecla, otorgados en su momento por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). Sin embargo, una reciente orden judicial amenaza con desalojarlos a favor de un antiguo socio que, según denuncian, reclama las tierras con documentos presuntamente obtenidos mediante engaños y falsificación.
La protesta comenzó con pancartas, consignas y velas encendidas en la acera. Pero al caer la noche, lo que era una manifestación pacífica fue rodeada por agentes de la Policía Nacional Civil, miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y, de forma más alarmante, efectivos de la Policía Militar. El despliegue de fuerza estatal convirtió la escena en un retrato incómodo de la militarización en tiempos de disidencia social.
La tensión creció cuando al menos cinco personas fueron detenidas en medio del operativo. Las imágenes captadas por los presentes y difundidas en redes sociales muestran a menores llorando, mujeres exigiendo la liberación de sus compañeros y ancianos siendo empujados por escudos policiales. Un drama humano frente al blindaje institucional.
“¿Por qué vienen armados contra campesinos que solo quieren hablar con el presidente?”, gritaba una mujer con un niño en brazos. No hubo respuesta oficial. Solo órdenes de dispersarse y un cerco que bloqueó cualquier intento de acercamiento al Ejecutivo.
Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y expertos en seguridad condenaron lo ocurrido. Amnistía Internacional recordó que la Policía Militar no está autorizada por ley para involucrarse en tareas de seguridad pública, mucho menos para intervenir en manifestaciones ciudadanas. La participación de esta fuerza en el operativo contraviene el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, que limita sus funciones al ámbito administrativo.
Para la abogada Jayme Magaña y la investigadora Jeannette Aguilar, este episodio es una expresión clara del proceso de militarización que vive El Salvador. “La Policía Nacional Civil está siendo absorbida por una lógica castrense, lo que erosiona el debido proceso y convierte la seguridad pública en un instrumento de control político”, declaró Aguilar en medios locales.
Este no es un hecho aislado. En los últimos meses, diversas comunidades han denunciado una “ola de desalojos” ejecutados con respaldo policial o militar. Organizaciones campesinas advierten que se trata de una estrategia para desplazar a poblaciones vulnerables en beneficio de intereses privados o megaproyectos inmobiliarios.
En medio de ese contexto, la protesta de la cooperativa El Bosque es símbolo y síntoma: símbolo de la resistencia de los sectores rurales ante el despojo, y síntoma de un modelo autoritario que responde a la demanda social con uniformes, armas y silencio.
A las pocas horas, la manifestación fue disuelta. El suelo quedó cubierto de papeles mojados, botellas vacías y algunas mantas rotas por el forcejeo. Las familias regresaron sin respuestas, pero no sin miedo. La lucha por la tierra, que en El Salvador tiene memoria de guerra, vuelve a escribirse con represión y camuflaje.
*Esta crónica ha sido construida con colaboración de periodistas comunitarios de El Salvador, que por la represión que inician a vivir lo escriben de forma anónima.
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