Cada 18 de junio se conmemora en el mundo de los Derechos Humanos, el día Internacional de la Lucha contra los Discursos de Odio, en el contexto que vive Nicaragua, esta fecha no podemos dejarla pasar ya que nos invita a reflexionar sobre cómo las palabras, a menudo cargadas de veneno, pueden destruir tejidos sociales y políticos.
En Nicaragua, bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los discursos de odio se han convertido en una herramienta sistemática para deslegitimar a la oposición y reforzar un poder que se mantiene a base de represión y violencia. Lo escuchamos a diario en las alocuciones de Murillo, incluso la sociedad y los medios de comunicación los hemos llegado a naturalizar, pero es una violencia que revela la alta capacidad de someter a través de diferentes formas de violencia a un país.
Este artículo se adentra en el análisis de cómo, en el contexto de un Estado que se desmorona bajo el autoritarismo, el odio se ha convertido en la norma, no solo en el discurso, sino en la acción misma.
El Lenguaje del Odio: Una Estrategia de Deslegitimación
Desde que estallaron las protestas en 2018, Ortega y Murillo han utilizado un lenguaje explícitamente despectivo hacia los opositores. Pero su retórica no se limita a insultos ocasionales, sino que ha evolucionado hasta convertirse en una estrategia política formalizada.
Murillo, en sus discursos públicos, ha calificado a los críticos del régimen como «traidores», «mentecatos» y «terroristas». Ortega, por su parte, ha recurrido al término «basura» para referirse a quienes demandan reformas políticas y sociales, y ha descalificado a la oposición como parte de un “complot extranjero”.
Estas manifestaciones no son simples expresiones verbales, sino que son utilizadas como justificación para la violencia, la represión y la eliminación de toda disidencia.
Este tipo de lenguaje es un claro ejemplo de cómo los regímenes autoritarios instrumentalizan el discurso de odio para crear una atmósfera de miedo, división y estigmatización. No se trata solo de una “guerra de palabras”; detrás de cada insulto, hay una amenaza de persecución.
Amenazas que se ven materializadas en cifras que duelen, solo en 2024, aproximadamente 95.000 nicaragüenses migraron, siendo Estados Unidos el principal destino con alrededor de 58.000 personas, muchas de ellas acogidas bajo el programa de parole humanitario. Esto eleva a más de 1.5 millones el número total de nicaragüenses viviendo en el extranjero, de los cuales 800.000 residen en EE. UU.
Entre enero y noviembre de 2024, se registraron 496.663 movimientos migratorios de nicaragüenses hacia Costa Rica, lo que representa un aumento del 9% respecto al año anterior. Este flujo se debe a factores políticos, económicos y sociales, consolidando a Costa Rica como el principal destino de los migrantes nicaragüenses en la región.
En 2022, había 60.681 nicaragüenses residentes en España en situación regular, según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE). Sin embargo, se estima que la cifra real podría ser ligeramente superior debido a la existencia de nicaragüenses que no tienen regularizada su situación en el país.
Todos estos datos confirman, lo que todo mundo ha naturalizado en el país: Un discurso de odio, que fomenta la violencia.
La Transición del Discurso al Acto: Represión y Violencia
Lo que comenzó como un discurso violento pronto se tradujo en acciones. El uso de la retórica de odio ha permitido al régimen justificar la brutal represión contra cualquier forma de disidencia.
A partir de 2018, miles de nicaragüenses fueron encarcelados, y centenares fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las fuerzas de seguridad, entrenadas bajo un discurso de odio, se convirtieron en agentes de la violencia política, despojando a los ciudadanos de su derecho a manifestarse libremente.
Las leyes represivas de la dictadura se han endurecido y todo el aparato estatal pareciera un conjuro para aplacar cualquier disidencia, y para eso la ley de Ciber delitos impone penas de prisión por publicar «mensajes de odio» en redes sociales, pero le llaman odio al cuestionarles a ellos sus violaciones a derechos humanos y sus políticas al servicio de nuevos imperios y antidemocráticas.
A través de esta legislación, el régimen ha conseguido silenciar cualquier crítica en el ámbito digital, con un claro objetivo: no solo controlar la información, sino también amedrentar a los ciudadanos a través de la amenaza constante de la cárcel.
El Impacto en la Sociedad: Miedo y Autocensura
El discurso de odio promovido por Ortega y Murillo ha tenido un profundo impacto en la sociedad nicaragüense. La constante estigmatización de los opositores ha creado un clima de desconfianza, donde la solidaridad entre ciudadanos se ve socavada por el miedo a ser denunciados.
Desde amenazas de muerte y la exposición de la dirección de las viviendas de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores por parte de funcionarios del régimen, son la evidencia de ese ambiente violento en el que tienen sumergido al país.
La violencia verbal, respaldada por una represión institucionalizada, ha llevado a muchos nicaragüenses a callar, temerosos de perder su libertad o incluso su vida.
Este panorama refleja cómo un discurso de odio puede tener efectos devastadores en el ejercicio de los derechos humanos, transformando una nación en un espacio de control y represión, donde la libre expresión y el pensamiento crítico son tratados como crímenes.
La Reacción Internacional: Aislamiento y Condena
A pesar del cerco informativo impuesto por el régimen, la comunidad internacional no ha permanecido en silencio. Organismos como la ONU, la CIDH y Amnistía Internacional han condenado reiteradamente las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
La Corte Penal Internacional, en una decisión histórica, emitió una orden de captura internacional contra Ortega y Murillo por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el régimen ha continuado su marcha autoritaria, aislándose cada vez más de la comunidad internacional.
El silencio de algunos actores internacionales ha alimentado la impunidad del régimen, permitiéndole persistir en sus abusos sin enfrentar consecuencias significativas. En este contexto, la lucha por los derechos humanos y la democracia en Nicaragua no solo es una causa nacional, sino que exige una respuesta global.
Frente a ese panorama la convicción es clara. La lucha contra el discurso de odio es también una lucha por la dignidad humana y por el futuro de todos los nicaragüenses que sueñan con un país libre, justo y democrático.
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