Informe denuncia patrón sistemático de violencia estatal contra defensoras de derechos humanos en Honduras

Un reciente informe presentado por organizaciones de derechos humanos revela la existencia de un patrón sostenido de violencia contra mujeres defensoras en Honduras, en el que el Estado aparece como uno de los principales responsables o facilitadores de las agresiones.

El documento, elaborado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, registra un total de 2,484 agresiones durante el último año, en un contexto marcado por tensiones políticas, procesos electorales cuestionados y altos niveles de conflictividad social.

Según el informe, la violencia no es aislada, sino que responde a dinámicas estructurales que afectan especialmente a mujeres que defienden territorios, derechos ambientales y bienes comunes. Estas agresiones incluyen ataques directos, campañas de desprestigio, criminalización y violencia digital, evidenciando un abanico amplio de mecanismos de hostigamiento.

Uno de los datos más alarmantes señala que el 45% de los casos se concentra en el departamento de Colón, una región con fuerte presencia de organizaciones campesinas, garífunas y movimientos sociales en defensa del territorio.

Las organizaciones advierten que esta situación responde a un modelo de control territorial y económico que coloca a las defensoras en una posición de alto riesgo, especialmente frente a intereses extractivos y actores de poder local. En ese contexto, denuncian la falta de garantías estatales para su protección y el debilitamiento de los mecanismos de justicia.

El informe también pone énfasis en el incremento de la violencia digital, con cientos de agresiones que buscan desacreditar, vigilar y silenciar a las defensoras, afectando tanto su labor como su vida personal y comunitaria.

Frente a este panorama, las organizaciones exigen al Estado hondureño el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como la implementación de políticas efectivas de protección que reconozcan el papel fundamental de las defensoras en la construcción democrática y la defensa de los territorios.