Guatemala: informar desde la comunidad, una sentencia de muerte frente al poder local
Tres periodistas comunitarios asesinados entre 2023 y 2026. Sus investigaciones apuntaban a irregularidades en las municipalidades, obras públicas y posibles actos de corrupción. Las amenazas precedieron a los disparos; la respuesta institucional, en cambio, sigue sin llegar.
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Renacer Centroamérica
10/29/20263 min leer
En Guatemala, contar lo que sucede puede convertirse en una sentencia de muerte, denunciar las irregularidades de una municipalidad, cuestionar una obra pública o poner bajo escrutinio a quienes administran los recursos públicos no es solamente un ejercicio de periodismo: es una profesión que puede costar la vida.
El periodismo comunitario trabaja demasiado cerca de la realidad para permitirse mirar hacia otro lado. Sus periodistas conocen los caminos, las necesidades de sus pueblos, las promesas incumplidas y también los nombres de quienes ejercen el poder. Informan desde el territorio, muchas veces sin grandes redacciones, sin protección institucional y con recursos limitados. Precisamente esa cercanía, que constituye su mayor fortaleza, también los expone a quienes pretenden mantener sus actuaciones fuera del escrutinio público.
En San Pedro Necta, Huehuetenango, la violencia tiene nombres y fechas. El 14 de septiembre de 2023, Aníbal Napoleón Ramírez Méndez fue asesinado junto a su esposa, Mercy Morales, en la comunidad de Chimiché. Ramírez había desarrollado una actividad periodística en la que denunciaba problemas territoriales y presuntas irregularidades dentro de la corporación municipal. También había recibido amenazas, según las informaciones recogidas por medios locales.
Tres años después, la historia volvió a repetirse. El 26 de abril de 2026, Carlos Humberto Cal Ical, periodista maya Poqomchi’, fue asesinado en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Su trabajo abordaba conflictos ambientales, proyectos hidroeléctricos y disputas por la tierra. Días antes de su muerte había cuestionado públicamente la ejecución de una obra de mejoramiento vial y divulgado documentos relacionados con la fiscalización de los recursos municipales.
El tercer nombre es el de Evelio Lisandro López Sánchez, periodista maya mam y fundador del medio digital Huehue es Noticias. La noche del 2 de octubre de 2026, cuando regresaba a su vivienda en San Pedro Necta, fue interceptado por un vehículo particular y asesinado a tiros. Días antes había denunciado públicamente amenazas e intimidaciones que, según sus declaraciones, provenían de personas vinculadas al ámbito político local.
Su muerte dejó una imagen difícil de ignorar: su cuerpo permaneció en el lugar del crimen hasta el mediodía del día siguiente. Mientras tanto, la indignación crecía entre quienes conocían su trabajo y reconocían en él una voz que informaba sobre los problemas de su comunidad.
La preocupación no se limita a las comunidades afectadas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reclamado investigaciones exhaustivas y garantías para el ejercicio de la prensa. En el caso de López Sánchez, las organizaciones han insistido en que las amenazas denunciadas previamente deben formar parte de las investigaciones.
El problema es también institucional. Cuando un periodista advierte que está siendo amenazado y sus denuncias no se traducen en protección efectiva, el Estado deja de ser una garantía de seguridad para convertirse en una institución cuya capacidad de respuesta debe ser cuestionada. Cuando los crímenes permanecen sin esclarecer, la impunidad termina enviando un mensaje peligroso: denunciar puede tener consecuencias, pero amenazar y silenciar puede salir gratis.
En Guatemala, el asesinato de periodistas comunitarios no puede analizarse al margen de las relaciones de poder que atraviesan los territorios. Las municipalidades administran presupuestos, adjudican proyectos y toman decisiones que afectan directamente la vida de la población. Fiscalizar esas actuaciones es una obligación democrática, no una provocación. El periodismo no tiene que pedir permiso a quienes gobiernan para investigar cómo utilizan los recursos públicos.
La violencia contra estos comunicadores tampoco termina con sus asesinatos. Cada crimen deja una comunidad con menos información, menos voces críticas y mayor temor a denunciar. El silencio se convierte entonces en otra forma de violencia: una que no necesita disparos porque consigue que otros dejen de preguntar.
Aníbal Ramírez, Carlos Cal y Evelio López ya no podrán volver a sus comunidades para contar lo que sucede. Pero sus historias plantean una exigencia que no debería quedar sepultada junto a ellos: investigar, identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes, y garantizar que ningún otro periodista tenga que pagar con su vida el derecho de su pueblo a estar informado.