Tegucigalpa, Honduras.
La injusticia vuelve a ensombrecer el panorama de los derechos humanos en Honduras. El cinco de marzo, alrededor de las 3:00 p.m., la defensora garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, fue detenida por la Policía Nacional en un retén policial en Olanchito, municipio de Yoro.
Este hecho se inscribe en un contexto de hostigamiento y amenazas sistemáticas contra Miranda y su equipo, a pesar de que cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2011.
La criminalización de una defensora
Según denunció la propia Miranda a través de la red social X, su detención se justificó bajo el argumento de que debía portar un carnet de identificación, un requerimiento que no se condice con la protección que se le ha otorgado por su labor. Este episodio se suma a una preocupante tendencia de criminalización de quienes defienden los derechos de sus comunidades y territorios ancestrales.
Hostigamiento y abuso de poder
Katherin Cruz, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (Rnddhh), ha seguido de cerca la situación y señaló que los agentes policiales no solo retuvieron injustamente a Miranda, sino que además la sometieron a un interrogatorio intimidante. Según los testimonios, los uniformados llegaron incluso a insinuar que la comida que transportaban en el vehículo podría tratarse de una «carga ilícita», demostrando así un sesgo premeditado contra la defensora y su equipo.
Durante los aproximadamente 12 minutos que duró la retención, el equipo de Miranda se comunicó con el Mecanismo Nacional de Protección, con la esperanza de que interviniera para garantizar su seguridad. Sin embargo, la situación escaló cuando los agentes amenazaron con traer a un fiscal para realizar una inspección del vehículo y, posteriormente, dos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) se sumaron al operativo, incrementando la presión sobre la defensora.
Una estrategia de intimidación sistemática
Esta detención arbitraria no es un hecho aislado. Días antes, Miranda ya había denunciado la llegada de fuerzas de seguridad enviadas por la familia Maloff para cercar el cerro Triunfo de la Cruz, un territorio que cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones previas contra la comunidad garífuna. Este contexto deja en evidencia un patrón de intimidación y represión contra quienes defienden el derecho a la tierra y la autodeterminación de los pueblos originarios.
Reacciones y exigencias de justicia
Diversas voces han expresado su solidaridad con Miriam Miranda. La secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, solicitó una revisión del actuar de la Policía Nacional en este caso.
Por su parte, Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, instó al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, a investigar esta detención atípica y garantizó que Miranda debería estar protegida por el Estado hondureño y la CIDH.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, también expresó su respaldo a la defensora y ordenó una investigación inmediata de lo sucedido. No obstante, las acciones de solidaridad y los llamados a la justicia deben traducirse en garantías reales para la seguridad de Miriam Miranda y del pueblo garífuna.
Un llamado a la acción internacional
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha denunciado que estos actos de hostigamiento no solo ponen en riesgo la vida de Miranda, sino que también vulneran la seguridad de todas las defensoras de derechos humanos en el país. La criminalización y la violencia contra quienes protegen sus territorios ancestrales deben cesar de inmediato.
Ante esta situación alarmante, diversas organizaciones nacionales e internacionales, feministas y movimientos sociales han sido convocados a mantenerse vigilantes y a exigir un alto a la violencia, el racismo y el despojo que enfrenta el pueblo garífuna. La comunidad internacional tiene un papel clave en visibilizar estos abusos y demandar medidas urgentes para la protección de quienes luchan por la justicia y la dignidad de sus pueblos.
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