El salario es lo de menos: cuando el Estado se convierte en la empresa familiar
El reciente nombramiento de Maurice Facundo Ortega Murillo como Representante y Delegado de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Deporte, acompañado de la frase "sin goce de salario", no es un gesto de austeridad. Es un insulto a la inteligencia de los nicaragüenses.
POLÍTICAMENTE INCORRECTO
Renacer Centroamerica
7/29/20263 min leer
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no siente la necesidad de esconder su verdadero rostro. Cada nuevo decreto confirma que el Estado dejó de ser una institución al servicio de la ciudadanía para convertirse en el patrimonio privado de una familia. El reciente nombramiento de Maurice Facundo Ortega Murillo como Representante y Delegado de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Deporte, acompañado de la frase "sin goce de salario", no es un gesto de austeridad. Es un insulto a la inteligencia de los nicaragüenses.
El régimen quiere que la opinión pública se concentre en una pregunta secundaria: ¿recibirá un sueldo? Pero la pregunta verdaderamente importante es otra: ¿por qué un hijo de los copresidentes sigue acumulando poder sobre una institución pública sin que exista un proceso transparente, méritos comprobables o mecanismos de control?
En cualquier democracia, el nepotismo no se mide únicamente por el salario que recibe un familiar del gobernante. Se mide por el acceso privilegiado al poder, por la utilización de los recursos públicos para fortalecer un proyecto familiar y por la sustitución del mérito por el parentesco. Eso es exactamente lo que ocurre en Nicaragua.
La fórmula "sin goce de salario" pretende construir una apariencia de desprendimiento. Como si renunciar a una nómina eliminara el conflicto de interés. Como si administrar un sector estratégico del Estado no otorgara influencia política, capacidad de decisión y acceso privilegiado a recursos públicos. El salario es apenas un detalle administrativo. El verdadero patrimonio está en el poder.
No es casualidad que Maurice Ortega ya ejerciera esas funciones desde hace meses antes de ser nombrado oficialmente. Tampoco es casualidad que el decreto llegue pocos meses después de que Estados Unidos lo sancionara por presuntos vínculos con la red de negocios del oro que, según el Departamento del Tesoro, beneficia al círculo familiar del régimen.
Lo que hace la dictadura no es responder a las sanciones internacionales con transparencia, sino con desafío. El mensaje es claro: ninguna presión externa impedirá que la familia continúe distribuyendo los espacios del Estado entre sus propios integrantes.
El deporte tampoco fue escogido al azar. Quien controla el deporte controla presupuestos, infraestructura, relaciones internacionales, eventos masivos y una poderosa herramienta de propaganda política. En los regímenes autoritarios, el deporte sirve para fabricar legitimidad, cultivar lealtades y proyectar una imagen de normalidad mientras se cierran los espacios democráticos.
Mientras tanto, miles de jóvenes deportistas entrenan con instalaciones deterioradas, escasos recursos y pocas oportunidades reales de desarrollo. El problema nunca ha sido la falta de talento; el problema es que las prioridades del régimen no están en fortalecer el deporte, sino en utilizarlo como otro escenario para exhibir el apellido Ortega Murillo.
Este nombramiento también envía un mensaje interno. Durante décadas, el Frente Sandinista construyó una narrativa basada en la militancia y el sacrificio revolucionario. Hoy esa narrativa ha sido sustituida por una lógica hereditaria. Los cargos más importantes ya no se asignan por trayectoria política, sino por vínculos de sangre. La revolución terminó convertida en una sucesión familiar.
Cada hijo controla una parcela distinta del poder: comunicación, cultura, relaciones internacionales, inversiones estratégicas, propaganda y ahora, formalmente, el deporte. El Estado ya no se administra como una república, sino como una empresa familiar donde cada descendiente recibe una parte del negocio.
Y ese es el verdadero escándalo.
No importa si Maurice Ortega cobra un salario o no. Lo verdaderamente grave es que la familia gobernante sigue apropiándose de instituciones que pertenecen a todos los nicaragüenses. Lo hace con absoluta naturalidad, sin rendición de cuentas y convencida de que el país entero es una propiedad heredable.
Mientras millones de ciudadanos sobreviven entre pobreza, exilio, desempleo y persecución, el régimen reparte cargos como quien distribuye acciones dentro de una empresa privada. No existe separación entre familia y Estado, entre interés público e interés particular. Esa frontera desapareció hace mucho tiempo.
El nombramiento "sin goce de salario" pretende vender una imagen de modestia. En realidad, confirma algo mucho más profundo y peligroso: la corrupción ya no necesita esconderse detrás de sobresueldos o contratos opacos. Hoy se expresa en la apropiación del Estado mismo.
Cuando una familia puede decidir qué hijo dirige cada área estratégica del país, el problema ya no es el nepotismo. El problema es que la institucionalidad ha sido sustituida por una dinastía.
Y las dinastías nunca gobiernan para el bien común; gobiernan para garantizar su permanencia, proteger sus privilegios y asegurar que el poder, los negocios y la riqueza sigan circulando dentro del mismo apellido.