En los años 80, las comunidades indígenas ubicadas a lo largo de la ribera del río Coco, en el Caribe Norte de Nicaragua, no tenían acceso a radios, periódicos ni otras formas inmediatas de comunicación. La información no llegaba de manera directa, sino que circulaba lentamente de boca en boca.

En ese contexto, según recuerda Lisagni -nombre ficticio utilizado para proteger su identidad-, una mujer miskita adulta mayor entrevistada para este reportaje, en 1981 la presencia de fuerzas militares sandinistas comenzó a intensificarse en la zona, incluida la instalación de una base en Leimus.

Pero, el quiebre llegó a finales de ese mismo año. En diciembre, varias familias miskitas asentadas a lo largo del río esperaban el regreso de sus familiares que, como era habitual, se habían desplazado temporalmente a otros territorios por motivos de trabajo y que solían volver en temporada festiva. Para ese retorno utilizaban las embarcaciones conocidas como “batú”, que partían desde Waspan, principal punto de conexión hacia las comunidades río arriba. Sin embargo, aquel diciembre varios de esos motores no regresaron.

Poco después comenzaron a circular rumores sobre desapariciones y asesinatos en la zona de Leimus. “Supimos gracias a un sobreviviente”, recuerda Lisagni. “De ahí empezamos a escuchar lo que había pasado”. Los relatos que llegaron a las comunidades hablaban de “batús” o motores detenidos en la base militar que tenían los sandinistas en Leimus Nicaragua, donde las personas miskitas que viajaban habrían sido obligadas a bajar en la orilla del río. Lisagni reconstruye el relato de Vidal, el joven miskitu sobreviviente de la masacre en Leimus: “Supimos que pusieron en línea unas lanchas viejas de hierro que habían dejado abandonadas las empresas bananeras y comenzaron a poner a la gente en fila. Una por una las comenzaron a matar”.

Vidal se lanzó al río en medio de los disparos. Una bala le alcanzó el brazo y, entre la corriente y el reflejo del sol ocultándose, logró sobrevivir. Herido, cruzó hacia Honduras flotando entre gamalotes hasta que un militar hondureño lo auxilió.

A partir de su testimonio, en las comunidades se habló de alrededor de 70 personas miskitas asesinadas solo en ese hecho. Al pasar los días, comenzaron a conocerse otros incidentes en distintas zonas del río Coco a través de sobrevivientes que relataban episodios similares, aunque con distintos niveles de violencia, incluyendo torturas y otros escenarios. Estos testimonios también daban cuenta de la identificación de personas indígenas asesinadas por el Ejército Sandinista durante sus faenas o viajes, reconocidas por los propios sobrevivientes, lo que coincidía en muchos casos con los familiares que nunca regresaron. El miedo se expandió rápidamente y, con él, la certeza de que quienes no volvían probablemente ya no regresarían.

“Como no había radio ni medios de comunicación, todo era de boca en boca. Así supimos por qué mucha gente nunca regresó”, dice Lisagni. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en 1983 sobre la situación de los miskitos en Nicaragua, los hechos ocurridos a partir de finales de 1981 en la Costa Caribe no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón de graves afectaciones a comunidades indígenas. El documento ubica el inicio de la intensificación de operativos militares y desplazamientos forzados en el periodo de finales de 1981, incluyendo hechos registrados entre octubre y diciembre de ese año en la zona del río Coco y comunidades miskitas.

En este contexto, el informe señala la participación de fuerzas del Estado nicaragüense, incluyendo al Ejército Popular Sandinista, en operativos militares, detenciones, destrucción de viviendas y cultivos, así como en el traslado forzado de población a otros asentamientos. A la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH analizó estos hechos en relación con derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de circulación y residencia, y la protección de la propiedad, concluyendo que la situación evidenciaba graves violaciones en el contexto del conflicto en la región.

El miedo terminó convirtiéndose en desplazamiento. “Había gente que cruzaban nadando el río Coco para sobrevivir, algunos sin nada. El miedo era que llegara la milicia”, recuerda.

Honduras como refugio

Foto de referencia de los batú o barcos que transportaban indígenas desplazados.

Lisagni cruzó a Honduras en enero de 1982, junto a sus cuatro hijas y estando embarazada, atravesando el río en pipante. “No puedo recordar las fechas exactas, en ese tiempo vivíamos solo con la noción del clima”, dice.

El cruce no significó seguridad, sino el inicio de un largo exilio. Primero llegaron a la ribera de la Muskitia hondureña para esconderse. “Del otro lado no teníamos familia, no teníamos tierras ni comida. Solo era para sobrevivir”, dice.

El traslado marcó el inicio de una concentración masiva de población en Mocorón. “Siempre nos repitieron que había unas 11,500 personas indígenas, la mayoría miskitu refugiadas ahí”, recuerda Lisagni. El lugar era la orilla de un caño en medio de la selva, sin infraestructura básica, convertido en un pantano donde las familias fueron ubicadas de manera improvisada.

Las cobachas —estructuras similares a casitas militares construidas de forma precaria por ACNUR— servían como refugio. En cada una se alojaban entre cinco y seis familias. Durante el invierno, el suelo se volvía barro constante, y la vida cotidiana transcurría entre la humedad y la precariedad. “Hacíamos como balsas con bambú y plásticos que nos dieron para no dormir entre el lodo”, dice.

La asistencia humanitaria llegaba principalmente por vía fluvial. La organización trasladaba los alimentos como soya, arroz y café, en barcos, aunque muchas veces llegaban en mal estado. Las condiciones de vida eran extremas.

Con el paso de las semanas, comenzaron a circular los primeros rumores de que una organización llamada ACNUR, es decir, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estaba organizando el traslado de familias que huyeron de Nicaragua hacia un campamento en Mocorón, en la Moskitia hondureña. Poco después, en febrero, supieron que ya se habían iniciado los movimientos: “Llegaron personas de ACNUR, nos movilizamos por familia, por el mal camino nos tocaba caminar, otros eran movidos en camiones y la gente que era más vulnerable era trasladada en helicópteros” afirma.

ACNUR y el pueblo miskitu

El cementerio de los refugiados

“Sufrimos mucho, escuchábamos a los niños llorando día y noche”, recuerda. En el asentamiento, las enfermedades se propagaron rápidamente y llegaron a morir entre diez y doce personas al día, principalmente por diarreas e infecciones.

Después de algunos meses se instalaron pequeñas clínicas, pero la atención era limitada. “Solo nos daban acetaminofén o algo parecido, en polvo, para la calentura”, explica. A los niños se les administraba amoxicilina o penicilina en líquido para la diarrea, pero aun así las muertes continuaban. En ese contexto nació su hijo en el refugio. “Yo llorando le pedía a Dios que no me lo quitara. No tenía carne, solo pellejo y hueso”, recuerda. Logró salvarlo con medicina tradicional, que —dice— fue siempre un apoyo fundamental.

En Mocorón llegó a existir un gran cementerio para las personas fallecidas durante el refugio, mientras al mismo tiempo nacían bebés. La vida y la muerte coexistían en el mismo espacio. “Así fue nuestra vida tristemente”, señala Lisagni. En medio de ese entorno, también surgían formas de resistencia cotidiana. La gente lloraba, rezaba y buscaba sobrevivir como podía. Allí conoció a un músico llamado Paladino Taylor, quien improvisaba con su guitarra para intentar aliviar el dolor colectivo.

El campo de refugio estaba administrado por personal de ACNUR que hablaba español, mientras que la vigilancia de bodegas y algunos puestos de control eran ejercidos por hondureños miskitus con cierta preparación. Sin embargo, las condiciones de vida también estaban marcadas por el rechazo de comunidades cercanas. “Éramos muy rechazados por ser refugiados, nos veían como intrusos”, recuerda. “Nos negaban el agua, la leña… al final quizás tenían razón, éramos un montón de refugiados buscando cómo sobrevivir en territorio ajeno”.

Con el tiempo, las familias comenzaron a construir pequeñas viviendas de palma sin forrar. Un familiar le cedió un espacio donde pudo vivir con sus hijas.

Resignarse a una larga guerra

Después de aproximadamente un año, las familias fueron distribuidas en distintas zonas de la Moskitia hondureña, lo que Lisagni describe como una etapa de autonomía, ante la previsión de que la guerra en Nicaragua se extendería.

Durante ese periodo, ACNUR continuó brindando apoyo alimentario durante varios años. “Nos dieron comida por seis años”, recuerda. Con el tiempo también comenzaron a entregar semillas para cultivo —arroz, maíz y yuca—, además de insumos básicos como aceite, jabón, azúcar y herramientas para el trabajo agrícola. Ese apoyo se mantuvo de forma intermitente hasta el retorno a Nicaragua, “Nos reducían pero se mantuvo, al menos en mi caso” menciona.

En 1990, para el retorno, ACNUR entregó un fondo económico de 200 córdobas a cada persona censada, con excepción de los niños nacidos en Honduras, como un apoyo mínimo para la reinserción y para evitar que las familias regresaran sin ningún tipo de recursos.

En ese mismo proceso, la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la OEA (CIAV-OEA) brindó también un apoyo económico de alrededor de 200 dólares durante un año. Lisagni recuerda que este apoyo se entregaba especialmente a las esposas de excombatientes de la Contra, dentro de los mecanismos de reintegración impulsados en ese periodo. Su esposo, explica, había permanecido en la guerra, como ocurrió con miles de indígenas que participaron en el conflicto, a quienes ella y otras personas de las comunidades señalan que se integraron en un contexto marcado más por la violencia y la necesidad de sobrevivir que por una decisión estrictamente política.

El retorno, sin embargo, no estuvo acompañado de procesos de atención psicosocial ni de acompañamiento institucional frente a todo lo vivido durante la guerra y el refugio. Las familias regresaron a sus comunidades intentando reconstruir lo que quedaba de sus vidas, pero sin espacios formales de reparación o justicia.

“Creímos que ya había acabado nuestro sufrimiento”, recuerda Lisagni. Desde entonces, la memoria quedó principalmente en el ámbito familiar y comunitario. “Esto solo se lo contamos a nuestros hijos y nietos, porque ellos hasta la actualidad siguen en el poder”, dice, refiriéndose al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Para Lisagni, nunca hubo justicia ni reconocimiento de lo vivido. “La gente que sobrevivió no lo cuenta públicamente porque los sandinistas más bien han querido ocultar esa parte de la historia y como los indígenas no les importamos a nadie”, lamenta.

Retornar después de casi una década

La violencia regresó décadas después

Con el paso de los años, cuando parecía que las familias habían logrado reconstruir sus vidas tras el retorno, Lisagni volvió a enfrentar un nuevo ciclo de violencia en su comunidad.

A partir de 2015, su territorio comenzó a experimentar la presencia de grupos armados vinculados a la invasión de colonos, lo que terminó provocando su desplazamiento forzado junto a su familia. La llamada “invasión de colonos” en territorios indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua es un proceso sostenido de ocupación de tierras comunales por población no indígena —conocida como colonos— que se ha intensificado en las últimas décadas, especialmente en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y Sur, en el marco de la expansión de la frontera agrícola y ganadera.

En los últimos años, las comunidades indígenas han denunciado el avance de estos asentamientos en territorios legalmente reconocidos como propiedad colectiva, lo que ha generado conflictos recurrentes por la tierra y el control del territorio. Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que esta situación ha derivado en violencia sistemática, incluyendo amenazas, ataques armados, asesinatos de líderes comunitarios y el desplazamiento forzado de familias enteras que han tenido que abandonar sus comunidades por razones de seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos internacionales han señalado además la falta de protección efectiva del Estado y la persistencia de un contexto de alto riesgo para las comunidades afectadas.

Desde la perspectiva de las comunidades, este fenómeno no se entiende únicamente como una disputa por la tierra, sino como un proceso continuo de despojo territorial que impacta directamente su forma de vida, su organización comunitaria y su permanencia en los territorios ancestrales.

En este contexto, se han documentado más de un centenar de personas indígenas asesinadas en conflictos vinculados a la invasión de colonos, además de miles de personas desplazadas, en su mayoría pertenecientes al pueblo miskitu.

Lisagni interpreta esta violencia como parte de una continuidad histórica. “Desde el inicio el gobierno sandinista callaba o simplemente ocultaba los casos. Después comenzó a perseguir a quienes hablaban del tema, pero desde lo que pasó en 2018 en Nicaragua ya la gente nos cree”, afirma.

También señala que las formas de violencia que hoy se registran en estos territorios guardan similitudes con dinámicas de control y represión que, según su experiencia, ya estaban presentes en décadas anteriores, lo que alimentó desde el inicio las sospechas dentro de las comunidades. En ese sentido, algunos liderazgos indígenas han calificado la situación como un proceso de etnocidio en curso, debido al impacto acumulado sobre la población, el territorio y la continuidad cultural. “Es triste cómo tenemos que acostumbrarnos a perderlo todo, no una vez, siempre”, dice Lisagni.