El director del medio salvadoreño El Faro, Carlos Dada, advirtió este sábado tres de mayo, que la Fiscalía General de la República, está preparando órdenes de captura contra periodistas del medio que participaron en la realización de una serie de entrevistas a un líder pandillero. En dichas entrevistas, el cabecilla afirma que el Gobierno de Nayib Bukele pactó con grupos criminales.
La alerta fue difundida a través de la red social X (antes Twitter), luego de que El Faro publicara la tercera parte de esta serie de entrevistas, que comenzó el jueves pasado. Según el medio, sus periodistas se trasladaron en enero de 2025 a distintas ciudades para entrevistar a dos líderes de la facción Revolucionarios del Barrio 18. Ambos aseguran haber mantenido acuerdos con el entorno político de Bukele y haber huido del país con la complicidad de su Gobierno.
El subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, también se pronunció al respecto en X, señalando que “todas las miradas están puestas en El Salvador”. Pappier citó a Dada, afirmando que la Fiscalía está preparando capturas contra los periodistas involucrados, y destacó que El Faro “acaba de publicar nuevas pruebas de las negociaciones de Bukele con las pandillas”.
El Faro sostiene que es la primera vez que líderes pandilleros revelan en vídeo detalles de los presuntos acuerdos que, según ellos, facilitaron el ascenso de Bukele al poder. Entre las revelaciones, se incluye que estos líderes habrían ingresado encapuchados al penal de máxima seguridad para recibir instrucciones del Gobierno.
Hasta el momento, ni el presidente Bukele ni funcionarios de su Gobierno han respondido públicamente a estas publicaciones. No obstante, el viernes el mandatario escribió en X que “un país sin muertos no es rentable” para organizaciones de derechos humanos, medios internacionales o las élites, mencionando también al filántropo George Soros.
Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que el Gobierno implementó tras un fin de semana con más de 80 asesinatos atribuidos a pandillas. Según El Faro, esta ola de violencia fue provocada por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y dichos grupos criminales.
El régimen, que ha sido prorrogado 38 veces por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, ha permitido la detención de más de 85.900 personas, presuntamente vinculadas a pandillas. Aunque esta medida ha reducido drásticamente los índices de violencia y cuenta con amplio respaldo popular, organizaciones nacionales e internacionales han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes bajo custodia estatal.
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