Las mujeres presas políticas en Nicaragua representan un símbolo de resistencia y sacrificio en la lucha por la democracia y los derechos humanos. Desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la persecución contra voces disidentes, encarcelando a activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes opositoras.
En prisión, estas mujeres enfrentan condiciones inhumanas, aislamiento, torturas y violaciones a sus derechos fundamentales. A pesar de la represión, sus voces siguen resonando dentro y fuera del país, recordando al mundo el alto costo de la libertad y la justicia en Nicaragua. Pero mientras la dictadura Ortega-Murillo se mantenga en el poder, la represión no se detendrá, y más personas seguirán siendo encarceladas injustamente.
Casos emblemáticos de mujeres presas políticas
Entre las detenidas destaca la exdiputada indígena miskita Nancy Elizabeth Henríquez James, de 62 años, quien fue arrestada hace más de 500 días tras denunciar la detención de su compañero de partido y líder de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan. Henríquez, defensora de los derechos de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense, fue condenada a ocho años de prisión por los delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas».
Otro caso es el de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, pareja del fallecido exjefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega. Chavarría fue puesta bajo arresto domiciliario en mayo de 2024, y tras la muerte de su compañero en septiembre, se encuentra en condición de desaparición forzosa, según organismos humanitarios.
La persecución también ha alcanzado a periodistas independientes como Fabiola Tercero Castro, creadora de la plataforma ‘El Rincón de Fabi’, quien fue reportada como desaparecida desde el 12 de julio de 2024. Asimismo, la empresaria Eveling Carolina Matus Hernández fue detenida en junio de 2024, acusada de «terrorismo» y «traición a la patria» por expresar su apoyo al obispo exiliado Silvio Báez y compartir en redes sociales imágenes de las protestas de abril de 2018.
Represión contra colaboradoras de la Iglesia católica
El régimen también ha perseguido a mujeres vinculadas a la Iglesia católica. Evelyn Susana Guillén Zepeda, de 53 años, fue arrestada en agosto de 2023 por sostener una fotografía del obispo exiliado Rolando Álvarez y portar una banda con la frase «Viva Nicaragua libre». Condenada a ocho años de prisión, rechazó ser desterrada a Guatemala para no separarse de sus hijos.
Por su parte, Lesbia Gutiérrez Poveda, de 58 años, promotora de un proyecto de crédito de la Diócesis de Matagalpa, fue detenida en agosto de 2024. Lo mismo ocurrió con Carmen María Saénz Martínez, abogada y asesora jurídica de la diócesis, arrestada el mismo mes por su cercanía con el obispo Álvarez.
La urgencia de actuar contra la dictadura
Las mujeres presas políticas en Nicaragua son prueba viviente de un sistema que castiga la disidencia con cárcel, tortura y destierro. Su liberación no será posible sin una respuesta internacional firme que desmantele la maquinaria represiva del régimen Ortega-Murillo. No basta con denuncias y exigencias simbólicas; es necesario intensificar la presión política, sanciones y movilización global para poner fin a la dictadura y evitar que el autoritarismo se imponga definitivamente en Nicaragua.
La comunidad internacional, organismos de derechos humanos y la diáspora nicaragüense tienen el deber de elevar la voz y exigir justicia. Cada día que estas mujeres pasan en prisión es una afrenta a la libertad y la democracia. La lucha no puede detenerse hasta que sean liberadas y hasta que en Nicaragua se restablezca el respeto a los derechos fundamentales.
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